El gobierno del Estado de Puebla publicó las bases de licitación para el servicio de fotomultas, con un alarmante punto en el que exige que el proveedor deberá emitir al menos 380 mil foto infracciones al mes.
De no cumplir con este mínimo no se le pagaría el servicio. Esta medida que ya tuvo un negro antecedente en la Ciudad de México, deja muchos recovecos para la corrupción y muy pocas probabilidades de corregir la conducta de automovilistas.
Negocio o política pública
Tener un mínimo de foto infracciones condena a que la conducta de los automovilistas nunca cambie o, si llega a cambiar, se haga todo lo posible para que caigan en una foto infracción para cumplir con el contrato establecido por el Estado.
En la Ciudad de México se tuvo ese sistema y se llegaron a documentar casos en los que las cámaras se disparaban aunque los automóviles estuvieran detenidos.
Las irregularidades del contrato se encuentran reportadas por el sitio de noticias Animal Político, en el que se especifica que existía el compromiso de realizar 267 mil infracciones al mes con 40 radares de velocidad.
Cómo deberían operar
Las mejores prácticas para sistemas de foto infracción persiguen la meta de disminuir los accidentes fatales con un sistema que comprende comunicación, señalización en las vías y cobro de infracciones a quienes exceden la velocidad indicada.
No se establecen mínimos de infracciones al mes, pues el objetivo es que cada mes haya menos.
La sanción económica se destina a infraestructura para la movilidad sostenible (peatones y ciclistas), para que la ciudad gane en lugar de perder.
Lo contrario sucede actualmente en la CDMX con su sistema de «fotocívicas» que representan un gasto público en vez de un ingreso.
Puebla tiene en sus manos crear una buena política pública de seguridad vial haciendo uso de tecnología, pero también puede continuar con la historia de los contratos oscuros donde la ciudadanía siempre pierde.